Se habla mucho en estos días, de la necesidad de un ajuste en el
sistema previsional, es una de las exigencias o compromisos que el Fondo
Monetario al que volvimos -lamentablemente- en 2019, ha puesto en este nuevo
crédito que acaba de otorgar y si no lo propuso el fondo lo propusieron quienes
ocupan el gobierno de la Nación.
Pero no haremos aquí consideraciones sobre esta nueva entrega al FMI,
que como decía el padre Menvielle, “siempre busca hambrear al pueblo”.
Nosotros, humildemente nos permitimos aquí algunas reflexiones sobre esta temática,
aclarando que este no es un estudio pormenorizado y no pretende serlo, por
cierto. Ni tampoco quien escribe es un experto en el tema, solo un analista del
acontecer social, dedicado desde hace muchísimos años a aquello que tenga que
ver con las personas y el trabajo o, como se conoce comúnmente, a los Recursos
Humanos.
Por un lado, se plantean uno de los problemas que es la financiación
del sistema, en un contexto donde ha subido la expectativa de vida y ha
disminuido el índice de natalidad, ambos indicadores con tendencias a seguir
subiendo el primero y a seguir bajando el segundo, sin olvidar los cambios que
se vienen produciendo permanentemente en el trabajo y la consecuente
disminución de los puestos laborales tal y como lo conocemos.
En buena parte de los países europeos, se han corrido del esquema de
solidaridad, donde el único medio de financiación es el aporte de los activos y
se ha ido a una financiación con impuestos. Incluso la argentina, “hace décadas
(…) (que) no se financia con los aportes de los trabajadores, sino con recursos
del Tesoro, que provienen de impuestos que pagamos todos, el principal es el
IVA”, como afirmaba hace algunos días la directoria del CIPPEC en una
entrevista.
En la Argentina, además de haber disminuido la natalidad, ya hace unos
cuantos años, hay otro lamentable fenómeno que es el trabajo no registrado, el
que muchos atribuyen a las regulaciones laborales, lo cual puede ser cierto en
parte, pero también a la precarización del trabajo como una cuestión cultural y
no creo que esto cambie ni con la “reforma laboral” tan mentada, en este
sentido, no hacer cambios que amerita los cambios en las relaciones laborales,
sino legislar y validar la precarización y cierta explotación laboral. Claramente,
La informalidad suele ser, en mi humilde pensamiento, algo más cultural que una
realidad provocada por las leyes, hasta el Estado, que es quien debe dar el
ejemplo, pagan a sus empleados como “no remunerativos” o contratando a
monotributistas, etc., afectando de este modo montos indemnizatorios y futuras
jubilaciones.
Hace poco me contaban, como un
empleador hacía los cálculos de poner en blanco a los empleados o dejarlos en
negro y “llegar a un acuerdo”, en caso de algún conflicto. Tras ello hay mucho
más que un simple cuidado de intereses, hay un detrimento para ese empleado,
que no siempre puede elegir si trabajar en negro o en blanco, porque lo que
necesita trabajar, ya que está en la primera escala de la pirámide de Maslow. No
olvidemos que siempre hay una desigualdad natural entre quien ofrece el empleo
y quien puede responder con el trabajo.
Hay un defalco al estado, si y un daño a la sociedad, porque el trabajo
en negro o “negreado”, implica la imposibilidad de acceder a ninguna forma de
Seguridad Social, a la vez que contribuye a la desfinanciación del sistema,
ciertamente es un tema que hay que tratar de manera urgente, pero evitar
soluciones que no lo son, como los recordados “contratos basura”, de la década
del noventa, o cualquier forma de precarización de las relaciones laborales. Sin
duda, después alguien debe corregir alguno de los dislates que abandonaron a
miles de argentinos a la buena de Dios, esto causa una mayor erogación y cierto
escándalo de los que han causado la “precarización”. Quizás sea bueno que
trabajemos más socialmente el concepto de solidaridad, en que se asienta Seguridad
Social. Pero no será este el lugar para hacerlo.
Las propuestas de reforma son variadas. La más consensuada,
aparentemente, es el aumento en la edad jubilatoria, algunos la quieren llevar
a los 70 años y otros a 75 años, también algunos piensan en una primera etapa
en igualar la edad de la mujer a los 65 años (aunque para las nacidas sobre
finales de la década del 70) y la eliminación de regímenes especiales, muchos
de los cuales tienen su fundamento en el deterioro prematuro de cuestiones psicofísicas
y también de que por el avance natural de la vida implica que muchos no puedan ocupar
los puestos que ocupan con la destreza que corresponden a su tarea. Recordemos
que a partir de la ley 24241, de 1993, la edad se trasladó a los 65 años,
aunque esta se alcanzó definitivamente en 2001, ya que el aumento fue
escalonado.
En el último tiempo hubo una
modificación en la LCT, en su artículo 252, la persona podría optar quedarse
hasta los setenta, edad en la que el empleador puede intimar. Aunque esto no es
común y es bastante discutido, la intimación suele llegar al cumplir los
sesenta y cinco años.
Por otro lado, hay quienes quieren volver al sistema de capitalización
que la reforma del 93/94 había incorporado y que no tuvo los mejores resultados,
“La evidencia es contundente, todos los estudios que se han hecho sobre la
reforma en la Argentina de pasar del régimen de reparto al de capitalización
muestran que no solamente no fue una reforma equitativa, sino que tampoco
tendió a la eficacia”, afirma la experta ya mencionada. En estas semanas “negras”
en los mercados internacionales, se comentaba como los fondos de retiro habían
perdido muchísimo y a algunos prácticamente la jubilación le había quedado en
cero, así lo mencionaba un cronista desde Estados Unidos contando su caso
personal. Estos fondos tienen una dependencia absoluta del mercado bursátil,
que todos sabemos lo que implica la “timba financiera”, donde siempre ganan los
mismos.
No menos cierto es que, las “reservas” en el estado nunca han sido muy
confiables, pero también es cierto que ellas cada vez son menores en lo que
hace a un modelo de solidaridad exclusivo, sin un aporte de la financiación con
impuestos.
Sé que la palabra impuestos es muy resistida por muchos y corre el
famoso “con la nuestra”, lo que en realidad es falso. No vivimos en soledad y
conformamos una sociedad en la que somos parte. No estamos solos y por encima
del bien particular, está sin duda el bien común. La contribución para que el
Estado pueda desarrollar las políticas necesarias para el bien común es un
deber y a partir de que colaboramos ya ese dinero deja de ser nuestro, para ser
parte del Erario. La visión individualista de la vida lleva a algunos a
protestar contra los impuestos (cuando estos son razonables) y a otros, muchos
en la historia, a usar de ese dinero de la nación para beneficios personales,
en lo que llamamos corrupción a gran escala, porque también está la corrupción
del hombre de a pie que solo busca su negocio personal. La famosa “mordida” que
tan bien retrataba aquel paso de comedia de la “Tuerca”, en los años sesenta*…. ¡Nada
hemos aprendido! La corrupción de los que deben manejar el erario público y de
los evasores y de aquellos que se regodean con la destrucción de un estado,
siempre clama al Cielo, porque siempre queda la huella en las personas que integran
la Nación.
Volviendo al tema que nos ocupa, creo, en lo personal, que un cambio paulatino
y razonable en la edad jubilatoria no sería algo irracional. Siempre que sea
razonable la modificación, en este sentido, establecer la edad mínima en
setenta años, sería factible, siempre que se tenga en cuenta algunas cosas, la
primera es que la modificación sea gradual, de manera que vaya subiendo la
misma y que el proceso lleve unos diez años hasta que quede totalmente
establecida. Claramente, no estoy de acuerdo con cierta propuesta de que sea la
edad mínima setenta y cinco años, esto me parece irracional y una locura total.
Por otro lado, la profesional de la CIPPEC, citada, tiene una idea que
me agrada, en la misma propone, que no haya un requisito mínimo de años de
aporte y que esto sea un diferencial en la jubilación. Por supuesto que debería
la “jubilación mínima” ser razonable para que las personas puedan por lo menos subsistir.,
aunque no me parece mal que haya posibilidades de moratorias, en un contexto
argentino donde el desempleo es cíclico y la informalidad una cultura demasiado
arraigada, e incluso avalada por leyes, como las comentadas de la década del
noventa.
Por otro lado, me parece no menor analizar las políticas que promuevan
el empleo en blanco en general, pero especialmente aquellas que promuevan que
las empresas no “descarten” y a la vez tomen a personas mayores de cuarenta y
cinco años, estos tienen mucho para aportar.
Crear políticas efectivas que, permitan a las empresas conocer las
competencias de esta gente, pertenecientes a una generación que ha vivido los
mayores cambios de la humanidad y se han ido adaptando -cada uno a su forma-,
parece ser una medida absolutamente necesaria, sobre todo si pretendemos
extender la vida laboral activa, por medio de cambios radicales en los sistemas
de la Seguridad Social.
Sin estas políticas efectivas, deberíamos replantearnos ciertamente el
tema de la conveniencia o no de correr la edad jubilatoria, pues estamos
dejando a muchísima gente fuera de la posibilidad de la subsistencia en los
últimos años de su vida. Aclaremos que la opinión vertida, sobre la
conveniencia de correr la edad jubilatoria, está ciertamente supeditada a este
punto tratado. De nada vale correr una edad, si el rango de mayor cantidad de
personas no puede realizar aporte por estar en fuera del mercado laboral. No
olvidemos que el índice del desempleo esta subiendo y las personas mayores
siempre son las primeras que son “descartadas”, algunos olvidan que la juventud
es algo que se cura prontamente, solo deben pasar unos años…
No lo olviden los jóvenes en
puestos de gestión y decisión. Pero tampoco olviden, aquellos que creen que
tienen sus vidas económicamente resueltas hasta el final - y que están en los
lugares de decisión -, que hay muchos que no la tienen, por diversas razones, y
que dependerán, cuando sus fuerzas se vayan agotando y las enfermedades les sobrevengan
- algo propio del ciclo natural – de la jubilación para la que aportaron,
siempre que los dejen trabajar y no sean “descartados” vilmente. No por nada la
Doctrina Social de la Iglesia ha procurado siempre promover los sistemas de
Seguridad Social.
Recordemos, entonces, que la
financiación ya no es exclusiva de los aportes de las personas en actividad. Si
fuéramos más eficientes, por ejemplo, en lo que hace a dar las respuestas
administrativas de los reclamos, evitando poner en marcha la maquina judicial,
que solo logra la erogación de sumas importantísimas de dinero en el aparato
judicial y en la retroactividad que, por supuesto no disfruta el jubilado en su
totalidad, cuando este alcanza a cobrar los juicios en vida y no lo hacen sus
herederos. Algo que quedo demostrado con la Reparación Histórica cuando el
ANSES tomo los legajos de los jubilados y les dio lo que correspondía de manera
inmediata, algo resistido más por los abogados y hubo varios que la rechazaron
y siguieron con el juicio que nunca vieron culminado.
En resumen, sin políticas de empleo efectivo no veo factible una
reforma previsional, sin que se afecte a una porción amplia de la población. En
un contexto del pleno empleo, al que parece no llegaremos en lo inmediato, por
el contrario todo hace prever un crecimiento importante del desempleo en los
próximos meses y años, no solo por las políticas económicas, sino también por
un cambio importante en los modos del trabajo, donde el hombre vuelve a ser
descartado por la maquina o la tecnología, estoy de acuerdo con una reforma
gradual que lleve la edad a setenta años, sin cantidad máxima de años de
aportes, con un mínimo universal y un ajuste por años de aportes que permita, a
las personas que están en la última etapa vital, poder afrontarla con calidad
de vida, algo que los que están en las escalas más bajas no logran hace años. Por
supuesto que ese mínimo universal debe ser verdaderamente digno y no como los
números actuales de miseria.
Un párrafo final sobre una triste realidad, estoy convencido que hay
muchos que quieren volver a la época donde no había una legislación laboral y
por supuesto no existían los sistemas de la seguridad social, tampoco había
sistemas de salud adecuados y las expectativas de vida eran muy bajas. Que
buscan definir el trabajo como simple mercancía, sin distinguir que no hay la
misma fuerza entre quienes son empleadores y quienes ponen su trabajo al
servicio de las empresas, sin entender que el trabajo tiene por sujeto al
hombre, a la persona con toda su dignidad que nunca puede ser vulnerada. En
esta asimetría pueden producirse las más terribles aberraciones, la mayor
explotación, porque se puede jugar con la necesidad básica de algunos. La
explotación laboral no se termina con una expresión diferente de las cosas,
como creen algunos.
Sin duda, se quiere volver a épocas y a doctrinas donde las personas son
un engranaje de la economía y no la economía y la política son para el hombre.
Quieren volver a épocas, donde la dignidad de la persona humana es denigrada,
en especial en el trabajo. Nosotros renovamos el compromiso de que el hombre –
en toda su dimensión - es el sujeto del trabajo y como tal debe ser respetado,
las leyes laborales y los derechos (sin olvidar las obligaciones) deben ser
respetados y deben permitir el acceso de todos los hombres a los sistemas de la
Seguridad Social. Esto último es una cuestión moral, no por nada la Iglesia en
su Doctrina Social ha sido una voz irrefutable que ha promovido ambas
cuestiones, no por nada se la odia y niega a diestra y siniestra. Volver a ese
pasado, es lisa y llanamente inmoral.
Como verán es solo una reflexión que seguramente abre muchos temas para
que mascullemos y que estemos atentos frente a personajes que hablan y degradan
al hombre en el ámbito del trabajo.
Lic. Marcelo Eduardo Grecco
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